Hacia una transición energética responsable y diferenciada en la Amazonía colombiana
La transición energética es una de las principales tareas que los Estados y las sociedades contemporáneas deben emprender como parte de sus estrategias para mitigar y adaptarse al cambio climático, así como también, transformarse en el marco de los cambios en los mercados internacionales de combustibles fósiles y energías renovables. Esto se debe a las implicaciones de los gases de efecto invernadero derivados de la generación de energía con base en combustibles fósiles, particularmente carbón, petróleo y gas, en el calentamiento de la Tierra. Sin embargo, hablar de transición también implica balancear la distribución de sus costos, beneficios, oportunidades e impactos para que estos se distribuyan de manera equitativa y teniendo en cuenta las particularidades de los territorios.
Cambiar la fuente de energía no garantiza, por sí solo, una transición sostenible en el tiempo y que responda a las dinámicas de los territorios, que plantee reglas claras y condiciones diferenciadas que aseguren la integridad ecológica del bioma amazónico. La expansión de proyectos de energías renovables y el impulso de una nueva política de minerales críticos y estratégicos, en respuesta tanto a las crecientes demandas de la transición energética global, como a las necesidades y objetivos energéticos y productivos del país, están generando nuevos desafíos en los territorios. Su desarrollo puede traer oportunidades económicas pero, si no se crean marcos de gobernanza adecuados, podría profundizar los impactos ambientales y sociales, diezmar la seguridad jurídica con estándares ambientales, crear nuevas dependencias y acentuar tensiones sobre la autonomía de las autoridades territoriales por no garantizar mecanismos de participación temprana y efectiva. Es indispensable contemplar los procesos de participación (quién decide), los impactos positivos distribuídos (quién se beneficia), la distribución de cargas (quién puede asumir los riesgos) y los procesos de mitigación y robustecimiento de límites y las salvaguardas ambientales para respetar la legalidad del ordenamiento territorial.
En la región amazónica esta perspectiva es particularmente importante. El bioma amazónico es de importancia estratégica por las funciones ecológicas relacionadas con la estabilidad climática e hídrica del continente que brinda para la nación y el planeta. La Amazonía alberga pueblos con sistemas propios de gobierno y conocimiento reconocidos constitucionalmente como fundamento para la gobernanza de la región. Sus territorios enfrentan presiones derivadas de actividades legales, ilegales e informales que se superponen y responden a diversos intereses económicos y disputas por el control y uso del territorio. A la vez, muchas comunidades viven con servicios energéticos insuficientes, costosos o altamente dependientes de combustibles fósiles en un contexto de declive estructural de la producción de hidrocarburos tanto a nivel nacional como en la región. Proteger el bosque sin atender estas brechas limita la posibilidad de hacer efectivas las garantías constitucionales asociadas a las particularidades amazónicas. Así, se corre el riesgo, tanto de no reparar los daños generados en el marco de proyectos de hidrocarburos, como de reproducir dinámicas extractivas que aumenten las presiones sobre los territorios y ecosistemas amazónicos. Atenderlas de manera integral y planeada, de acuerdo con las particularidades de la región, representa una oportunidad para consolidar una política de Estado que articule la protección de la Amazonía con una transición energética con perspectiva territorial y descentralizada.
Por ello, este documento propone una serie de principios para la transición energética con perspectiva territorial y una serie de rutas para alcanzarla, garantizando el respeto por la integridad ecológica, territorial y cultural de las Amazonías; el reconocimiento a los gobiernos indígenas, las estructuras de gobernanza comunitaria y el fortalecimiento de las salvaguardas.
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